Bogotá fortalece la organización y preservación del espacio público con nuevas medidas para el sector de ventas informales

• A través del Decreto 117 de 2026, la Administración Distrital establece reglas claras
para el aprovechamiento económico del espacio público, priorizando la seguridad
ciudadana y la salubridad.
• Se prohíbe el uso de cilindros de gas en el espacio público y se regulan actividades
como tatuajes, piercings y la venta de alimentos bajo estrictos estándares
sanitarios.
Bogotá D.C., 20 de abril de 2026. Con el objetivo de armonizar el derecho al trabajo de
vendedoras y vendedores informales con la protección, recuperación y preservación del
espacio público, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026. Esta norma
modifica el Decreto Distrital 642 de 2025 y establece disposiciones clave para la convivencia
ciudadana y el ordenamiento de la economía popular en la capital.
“Bogotá es una ciudad que respeta el derecho al trabajo, pero que también exige orden para
el disfrute de todos. A través de este ajuste normativo fortalecemos el principio de confianza
legítima: ningún vendedor será retirado sin que se le ofrezcan alternativas reales de
formalización o reubicación a través del IPES. Queremos una economía popular organizada,
que cumpla con estándares de salubridad y que permita recuperar los senderos peatonales y
las rutas de emergencia para el bienestar colectivo”, destacó el secretario de Gobierno,
Gustavo Quintero Ardila.
La nueva reglamentación se fundamenta en la necesidad de mitigar riesgos para la seguridad
y la integridad de la ciudadanía. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
Restricciones de seguridad y manejo de combustibles: queda estrictamente prohibido el uso
y almacenamiento de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de sustancias inflamables
en el espacio público por parte de vendedoras y vendedores informales. Estas solo podrán
utilizarse en establecimientos legalmente constituidos que cumplan con los requisitos
técnicos.
Regulación de servicios y salubridad: actividades como la realización de tatuajes, piercings y
servicios de peluquería o barbería no podrán desarrollarse en el espacio público si no cumplen
con las condiciones sanitarias establecidas en el Decreto Nacional 780 de 2016 y la
Resolución 2117 de 2010. Asimismo, la venta de alimentos deberá cumplir estrictamente con
la Resolución 604 de 1993 del Ministerio de Salud.
Protección de rutas de emergencia: se establece un radio mínimo de 1,5 metros alrededor
de cada hidrante contra incendios, que deberá permanecer libre de cualquier ocupación u
obstáculo. Además, se prohíbe la ubicación de ventas en rutas de evacuación de
establecimientos, puentes peatonales o accesos al Sistema Integrado de Transporte Público
(SITP).
“El objetivo es identificar quiénes son vendedoras y vendedores vulnerables para
diferenciarlos de las mafias que pretenden adueñarse de las esquinas. Queremos que el
vendedor autorizado cuente con un espacio digno, respetando distancias mínimas y áreas
protegidas como edificios institucionales y nodos de transporte”, explicó el secretario de
Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.
Prohibiciones específicas: el decreto ratifica la prohibición de comercializar pólvora,
sustancias químicas peligrosas, artículos ilícitos y de portar o vender armas blancas en el
espacio público.
Alternativas para los vendedores y debido proceso
En línea con los principios de confianza legítima y proporcionalidad, la Administración Distrital
garantiza que los procesos de recuperación del espacio público no serán intempestivos. El
Instituto para la Economía Social (IPES) liderará la oferta de alternativas económicas para la
población vulnerable, que incluyen:
* Relocalización o reubicación en espacios autorizados.
* Acceso a programas de formación y reconversión laboral.
* Inscripción en la oferta de servicios sociales y programas de atención integral.
“Desde el IPES tenemos 19 mil vendedores caracterizados desde el 2024. La oferta
institucional se trabaja en tres componentes: formación, emprendimiento y empleabilidad,
actualmente ya podemos mostrar resultados en zonas como La Mariposa, San Victorino y
San Andresito de la 38”, destacó, Catalina Arciniegas, Directora IPES,
Para el Distrito, este decreto no solo busca organizar el espacio público —que es de todas las
personas—, sino también proteger la vida de quienes ejercen su labor en la calle y la de los
transeúntes. El cumplimiento de estas medidas será verificado por las autoridades de Policía,
las alcaldías locales, el IPES y la Defensoría del Espacio Público, quienes iniciarán los
procedimientos correspondientes ante comportamientos contrarios a la convivencia.
“Venimos adelantando un amplio ejercicio de caracterización desde el inicio de esta
administración. Hemos identificado que muchos vendedores informales están dispuestos a
organizar su actividad y el uso del espacio público. Por eso, continuaremos fortaleciendo las
estrategias dirigidas a esta población y ampliando iniciativas como ‘Hecho en Bogotá’ en los
barrios, para estar más cerca de la ciudadanía y llevar nuevas oportunidades a las 20
localidades de la ciudad”, explicó la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López
Uribe.
“Nuestra meta es que al finalizar este año tengamos un espacio público mucho más
organizado, donde prime el respeto por el peatón y se brinden alternativas reales a quienes
buscan sustento de manera honesta”, concluyó el secretario Quintero.
Con el Decreto 117 de 2026 se da un paso firme hacia la recuperación de los espacios
emblemáticos de Bogotá, al reglamentar con mayor rigor actividades que impactan la salud
pública y la movilidad, y al asegurar que los accesos al transporte y las rutas de evacuación
permanezcan despejados. Se trata de una apuesta por la convivencia ciudadana, donde el
espacio público vuelve a ser escenario de respeto y orden.
“La importancia de este Decreto ya la podemos demostrar con hechos, los cambios que ya se
ven plasmados en los bajo puentes, con esta estrategia buscamos organización, limpieza y
seguridad. Esto debe ser también un esfuerzo de la ciudadanía como hay derechos hay
deberes y debemos respetar la organización del espacio público”. Resaltó, la directora del
DADEP, Lucia Bastidas.