Colombia elige nuevo presidente, ¿cómo se abordan las promesas de cambios totales?

● Aunque las propuestas de cambio total respecto al gobierno anterior generan
altas expectativas, estas suelen chocar con la realidad institucional de los
Estados, donde los marcos constitucionales y jurídicos actúan como límites
frente a los intentos de transformación inmediata.
● Jara Rodríguez Fariñas, profesora titular y directora del Grado de Relaciones
Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia – VIU,
perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y
Universidades, analiza qué tan posible es cumplir con las promesas de
campaña orientadas a romper completamente con los gobiernos anteriores y
cómo se puede estructurar una transición política balanceada y funcional.
Colombia, junio de 2026 — Con la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo
presidente, se acrecienta una alta expectativa política ante un gobierno que se
desmarca totalmente del continuismo y promete hacer cambios importantes frente a la
presidencia anterior. Pero esto no es tan sencillo como parece.
La retórica del cambio es clave para captar el descontento social de la población, pero
aunque alimenta el deseo de configurar un nuevo país en cuatro años, estas pocas
veces se materializan en términos absolutos.
El freno está en que la acción gubernamental se encuentra condicionada por el marco
constitucional, jurídico e institucional vigente, limitando cualquier intento de cambio
radical e inmediato. Así lo explica Jara Rodríguez Fariñas, profesora titular y directora
del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia –
VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.
“El mantenimiento de este discurso rupturista, aun cuando no se traduzca en cambios
absolutos, afecta a la estabilidad y a la previsibilidad del país, generando riesgos tanto
a nivel interno como internacional”, advierte la experta. “La idea de una ruptura total
suele implicar costes políticos, económicos e institucionales significativos, ya que este
tipo de discurso tiende a polarizar a la sociedad en una dicotomía entre ‘todo bueno’ y
‘todo malo’ […] dificulta el diálogo y la construcción de acuerdos, lo que finalmente
complica la gobernabilidad y la sostenibilidad de políticas públicas a largo plazo”.
La volatilidad en las decisiones gubernamentales puede deteriorar la reputación
internacional y la seguridad jurídica, ambos esenciales para la atracción de capitales y
la cooperación internacional. Alterar drásticamente los compromisos del Estado puede
generar cancelaciones de contratos, programas económicos o tratados bilaterales,
abriendo la puerta a litigios internacionales y sanciones que comprometen el
crecimiento económico y la generación de empleo en la región.
Para evitar estos riesgos, la gestión pública efectiva requiere de un balance entre el
cambio y la estabilidad, entendiendo que las reformas deben basarse en criterios

técnicos de evaluación y no en la eliminación sistemática de programas previos por
razones estrictamente ideológicas o de partido.
“Romper con todo lo anterior significa eliminar programas sin una evaluación previa,
reemplazar técnicos y acabar, en muchos casos, politizando la administración pública”,
señala Rodríguez Fariñas. “Así, se acaba reduciendo la capacidad del Estado para
realmente implantar políticas eficaces que acaban afectando a servicios públicos
básicos. Y a nivel internacional, estas rupturas generan también desconfianza externa,
ya que tantos los demás países como los organismos e inversionistas internacionales
valoran la previsibilidad”.
El verdadero desafío de los sistemas democráticos está en armonizar la continuidad
de las reglas fundamentales del Estado con la legitimidad de un nuevo mandato que
busca introducir reformas. Si bien el triunfo electoral faculta a un partido para modificar
las prioridades estratégicas y la dirección política, esto no le otorga una patente para
desmantelar las estructuras básicas ni los acuerdos previos que garantizan el
funcionamiento del país.
La estabilidad democrática depende de la capacidad de canalizar las transformaciones
dentro del marco de la legalidad, utilizando mecanismos de participación y
representación que aseguren el respaldo social de las mayorías, de modo que el
Estado continúe siendo funcional más allá de los ciclos electorales.
“Los resultados políticos legitiman al partido ganador para cambiar prioridades
políticas, pero no para desmantelar todas las políticas, programas y acuerdos previos.
La clave está en evaluar qué funciona y qué no, cambiar objetivos estratégicos es
lícito, pero no destruir estructuras básicas”, concluye la experta de VIU. “El equilibrio
se logrará cuando las reformas institucionales que se lleven a cabo sean impulsadas y
aceptadas por la mayoría de la ciudadanía y siempre dentro del marco legal,
garantizando que el Estado siga siendo funcional y representativo”.