La cuestión de los sistemas agroalimentarios en Colombia: arranca el ciclo de diálogos con foco en sector privado y fundaciones

• 14,4 millones de personas en Colombia con inseguridad alimentaria: sector privado y fundaciones proponen acciones para mover inversión, compras inclusivas y logística para cerrar la brecha.
• Del piloto al sistema: capital catalítico, agroecología, reducción de en costos y sello de sostenibilidad escalan soluciones territoriales.
• Hacia 2026: FAO convoca ciclo de diálogos para llevar evidencias y propuestas a tomadores de decisión y candidaturas presidenciales.

Bogotá D. C., 26 de septiembre de 2025._ Colombia es uno de los países más megadiversos del planeta: alberga más de 3.000 especies comestibles -aunque hoy apenas consumimos cerca de 198-, concentra alrededor del 5% del agua dulce superficial mundial y dispone de 42,9 millones de hectáreas dentro de su frontera agrícola. Son bases naturales y productivas que sostienen la agricultura, la pesca y la alimentación del país; sin embargo, los sistemas agroalimentarios aún enfrentan brechas de acceso, sostenibilidad e inclusión que se sienten en la mesa de los hogares y en el bolsillo de los productores.

El punto de partida es ineludible: en 2024, alrededor de 14,4 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. A la vez, el agro -que ocupa a cerca de 3,4 millones de personas- y la pesca artesanal -con más de 150.000 pescadores- arrastran rezagos de productividad, formalización e infraestructura (vías, riego, acopio y comercialización), limitaciones de financiamiento y asociatividad, y golpes crecientes del clima que reducen rendimientos y disponibilidad hídrica. A esto se suman pérdidas y desperdicios cercanas a 10 millones de toneladas de alimentos cada año, un lastre para la competitividad y un contrasentido frente a las necesidades alimentarias del país.

Con esta fotografía como telón de fondo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con el Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle, abrió el ciclo “La Cuestión de los Sistemas Agroalimentarios en Colombia”: una serie de diálogos para identificar problemas, compartir evidencias y consensuar rutas de acción que acerquen al país a sistemas más justos, sostenibles, resilientes y territorialmente inclusivos con miras a aportar insumos a los tomadores de decisión y a las candidaturas presidenciales de 2026.

La jornada inaugural, realizada en la Universidad de La Salle y en alianza con la Fundación Alpina, convocó a líderes del sector fundacional y empresarial para discutir cómo movilizar recursos, articularse con políticas públicas, escalar iniciativas exitosas y fortalecer modelos de negocio inclusivos con la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC).

El Hermano Niky Alexander Murcia Suárez, rector de La Salle, dio el tono del encuentro: “Es momento de consolidar una reflexión permanente hacia la alimentación y la agricultura… Hoy es urgente tener un pacto por una alimentación sana para todas y todos”, dijo, citando el aprendizaje de Utopía, el proyecto de La Salle que cumple 15 años formando juventudes rurales.

Desde la orilla fundacional, la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE Colombia) subrayó la necesidad de mecanismos de financiamiento acordes con la realidad del campo y de políticas aterrizadas a cada territorio. “La tarea de los sistemas agroalimentarios no es de un solo actor; lo que está en juego es el derecho a la alimentación”, manifestó Manuela Giraldo, líder de Fortalecimiento y Conocimiento de AFE.

“Qué comemos y cuándo comemos, es para muchos de nosotros una decisión, pero cerca de 15 millones de personas en Colombia no pueden decidir”, señaló Camila Aguilar, directora de la Fundación Alpina, frente a los retos que impone la seguridad alimentaria en Colombia. “Fortalecer las capacidades locales para producir alimentos de manera sostenible resulta clave, y bajo este enfoque, la agroecología representa una alternativa transformadora, ya que permite a las comunidades mejorar su acceso a alimentos nutritivos, cuidar el entorno y rescatar prácticas tradicionales que garantizan su sostenibilidad en el tiempo”.

La FAO remarcó la necesidad de unir capacidades. “La colaboración con el sector privado es fundamental, no solo por su innovación y desarrollo, sino por la posibilidad de ampliar a gran escala el trabajo y la sostenibilidad”, señaló Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia, agregando que “este ciclo busca poner alimentación y agricultura en la primera línea de la agenda pública. La lucha contra el hambre debe ser el motivo principal para unirnos y trabajar juntos”.

Diálogos que transforman: bases para la agenda 2026

Este primer foro mostró que cada sector aporta una pieza esencial: empresas, fundaciones, gremios, academia y organizaciones rurales ya empujan soluciones que mejoran producción, acceso y nutrición, muchas basadas en asociatividad y compras inclusivas. El desafío es la escalabilidad: pasar de experiencias valiosas pero acotadas por la misionalidad y los recursos de cada actor a sistemas que funcionen de punta a punta y en más territorios, con infraestructura habilitante, reglas pro-escala y métricas económicas que remuneren la sostenibilidad.

El ciclo continuará en noviembre con academia y centros de investigación y sumará nuevos encuentros en 2025–2026 para traducir estas reflexiones en propuestas concretas, priorizadas y viables, a compartir con tomadores de decisión y candidaturas. El propósito es cerrar el círculo entre evidencia, territorio y política pública, y avanzar hacia sistemas agroalimentarios más justos, resilientes e inclusivos para Colombia.

La fotografía global y la paradoja alimentaria

El senior y oficial de políticas de la FAO, Ricardo Rapallo, ubicó el contexto: los sistemas agroalimentarios han avanzado y hoy permiten alimentar a la gran mayoría, incluso tras choques como la pandemia, y en el último año la inseguridad alimentaria se redujo 3%. Pero el último informe de las Naciones Unidas (SOFI 2025) advierte un freno: la seguridad alimentaria y nutricional se estancó en los últimos tres años; 1.800 millones de personas no consumen dietas saludables y 2.800 millones no pueden permitírselas. A la par, más del 30% de los alimentos se pierden o desperdician cada año, mientras el sector concentra una alta presión ambiental: alrededor de un tercio de los GEI proviene de actividades agropecuarias y uso del suelo, y el sector consume cerca del 70% del agua dulce disponible.

Rapallo recordó que el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada va más allá de calorías, implica calidad de la dieta, pertinencia cultural y dignidad. “La transformación de los sistemas agroalimentarios es una responsabilidad compartida, los Estados como garantes de derechos, el sector privado y fundacional como motores de empleo, innovación, inversión y gestión de riesgos”. En esa ruta, la Estrategia FAO con el sector privado articula innovación, inversión, fortalecimiento de capacidades e intercambio de datos, apoyada por la iniciativa Mano de la Mano, activa en cerca de 80 países -13 en América Latina y el Caribe-, para diseñar y financiar proyectos de inversión solicitados por los países, como es el caso de Colombia. “Sin inversión y tecnología no habrá transformación; con reglas claras y métricas compartidas podemos traducir compromisos en resultados medibles”, resumió.

Transformación alimentaria sostenible: el poder de las fundaciones

La conversación con fundaciones giró en torno a una idea fuerza: pasar de proyectos a sistemas con enfoque territorial, compras inclusivas, agricultura regenerativa, seguridad alimentaria y nutrición (SAN) basada en evidencia y gobernanza con métricas compartidas. Michela Espinosa, especialista senior de FAO en Colombia, trazó el marco del diálogo: “Las acciones deben partir de modelos adaptativos a realidades territoriales y no de recetas impuestas”. Se trata, dijo, de superar el asistencialismo activando economías locales mediante compras locales y desarrollo endógeno, para que las intervenciones no solo mitiguen hambre sino generen desarrollo rural sostenible.

Desde ese enfoque, la Fundación Promigas destacó el funcionamiento de unidades productivas con compras directas y educación en territorio, en alianza con Asohofrucol, Bavaria y Colombia Productiva, “para que la ganancia sea para el agro y las futuras generaciones quieran seguir en el campo”, afirmó su directora Marcela Dávila. La Fundación ANDI sintetizó una década de competitividad inclusiva con empleo y proveeduría basada en relaciones justas, con una lección central: “adaptar la respuesta a las condiciones de cada territorio es fundamental para que las acciones sean exitosas”, indicó su directora Catalina Martínez.

La Fundación Alpina insistió en la dupla acompañamiento técnico + acompañamiento social para consolidar circuitos cortos y agricultura por contrato con pilotos en La Guajira, Vichada y Cauca: “El trabajo directo y el acompañamiento técnico tiene que ir de la mano con el acompañamiento social”, señaló Camila Aguilar. Nu3, por su parte, rediseñó su institucionalidad en 2024 para poner la SAN en todos sus proyectos; con tamizaje y acompañamiento, “el 20% de las personas atendidas salió del hambre”, explicó su directora, Paola Dávila, quien además presentó la ruta de franquicias sociales para escalar resultados. Y desde GreenLand, Blanca Miriam Villegas resumió la apuesta de agricultura regenerativa 360 con gestión de agua y suelos, empleo juvenil y trabajo con mujeres, articulando alianzas como SoyDoy, Comfama y AFE, con hábitos saludables medibles.

El cierre de Espinosa recogió el consenso: poner resultados y aprendizajes sobre la mesa, sin egos, para construir política pública con enfoque territorial y nacional; vincular a las fundaciones en discusiones técnicas y sistematizar experiencias que ya muestran mejoras no solo en indicadores de SAN, sino también en iniciativas productivas que elevan la calidad de vida de las familias.

De la inversión a la acción: sector privado como agente de cambio

La segunda conversación buscó mover capital, tecnología y una gobernanza práctica para escalar soluciones a lo largo de la cadena. Desde la orilla financiera, Juan Pablo Fernández, gerente de Inversión de Impacto de Bancolombia, explicó la apuesta por capital catalítico y asistencia técnica para llevar organizaciones rurales a ser banqueables y conectarlas con financiadores; además, presentó el hub agro–agritech Accenter para alinear retos sectoriales (maíz, lechero, ganadero, entre otros) con startups y pruebas de concepto absorbidas por la industria. “Lo que mejor podemos hacer es poner ese capital catalítico para asumir esos riesgos que hoy la industria no está preparada para asumir”, subrayó.

En el eslabón productivo, Asohofrucol mostró la escala del sector hortifrutícola: cerca de 1,068 millones de hectáreas y 850.000 familias; en 10 años, 235.000 productores atendidos (95% pequeños), ventas conjuntas por cerca de 300.000 millones de pesos, bancarización en 23 departamentos y 88.000 productores en transición agroecológica con reducciones de costos de hasta 70%. “Sí es viable; sí se puede, sí funciona”, resumió su presidente, Álvaro Palacio. Desde la avicultura, FENAVI recordó la dimensión del sistema: cerca de 2 millones de toneladas de pollo y más de 19.000 millones de huevos al año; consumo per cápita de 37 kg de pollo y 343–365 huevos; presencia en 657 municipios con 5.532 granjas. El gremio conecta su sello avícola de sostenibilidad con crédito verde y con el modelo de integrados que vincula eficientemente a pequeños productores: “la sostenibilidad es una herramienta de gestión”, enfatizó su presidente, Gonzalo Moreno.

La Sociedad de Agricultores de Colombia, en voz de Jorge Bedoya, recordó el piso de realidad: “la sostenibilidad del sector depende de la sostenibilidad económica de los productores”. Sin empleo e ingresos en los hogares, no hay mercado; por eso urgió abordar costos financieros altos, cuellos logísticos y regulatorios, y la necesidad de escala e integración para competir sin trasladar costos al consumidor. Y desde la mirada de encadenamientos, Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam, insistió en destrabar con inversiones ancla (capex grande) que habiliten bienes públicos y logística territorial: “sin ellas, los apoyos atomizados no se sostienen”.

El moderador del ciclo, Jaime Rendón (CEIR–La Salle), cerró con una invitación a organizar la cadena de valor de punta a punta y eliminar falsas contradicciones: “una de esas contradicciones se da entre lo rural y lo urbano; las empresas ancla son una necesidad, el reto es cuáles son los sistemas socioproductivos que permitan que no haya acumulación concentrada y sí procesos de redistribución”. Con una lectura integral de la sostenibilidad (económica, social y ambiental), optimización energética y planificación del abastecimiento que reduzca distancias e intermediación, la gobernanza público–privada puede volverse virtuosa, conectando territorios, mercados y políticas más allá de coyunturas.

Sígale la pista a “La Cuestión de los Sistemas Agroalimentarios en Colombia”, el siguiente diálogo será con la academia y centros de investigación en noviembre de este año, un nuevo ejercicio de concertación para convertir estas reflexiones en propuestas concretas, priorizadas y viables. El propósito es entregar esas propuestas a los tomadores de decisión, y a los candidatos y candidatas en contienda, cerrando así el círculo entre evidencia, territorio y política pública para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más justos, resilientes e inclusivos.

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