Alcalde de Bogotá pide al Gobierno Nacional retirar resolución que dejaría en el limbo miles de viviendas y proyectos clave para la ciudad

Alcalde de Bogotá pide al Gobierno Nacional retirar resolución que

dejaría en el limbo miles de viviendas y proyectos clave para la ciudad

Bogotá, D. C., 05 de marzo de 2025. El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán,

acompañado del gabinete distrital explicó las graves implicaciones que tendría para

la ciudad la adopción del proyecto de resolución: “Lineamientos para el

ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá”, publicado por el Gobierno

Nacional.

“En el análisis que hacemos como Distrito esto es primero un nuevo ataque del

Gobierno Nacional a la autonomía territorial, es una nueva violación a la ley, a la

Constitución de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, afirmó el

alcalde Mayor.

El mandatario de los bogotanos resaltó que el proyecto de resolución tiene

implicaciones negativas para el desarrollo de planes estratégicos para la vivienda,

la protección del medio ambiente, el acceso a la energía y la garantía del agua de

la ciudad; es ilegal porque incumple el Acuerdo de Escazú, que establece las reglas

para definir procesos ambientales, y adicionalmente no se construyó en

coordinación con las autoridades locales.

“El Plan de Desarrollo del Presidente Gustavo Petro establece que estos procesos

deben realizarse de manera coherente, coordinada y jerárquica con los municipios

y respetando su autonomía territorial. Aquí no hay ningún respeto por la

autonomía territorial, es una imposición lo que quieren hacer sin tener en cuenta la

construcción de un proceso institucional que ha tenido Bogotá y la Región de larga

data”, aseguró.

El Alcalde de Bogotá fue enfático al solicitar al Ministerio de Ambiente retirar el

proyecto de resolución e iniciar un proceso de diálogo que cumpla la ley y tenga en

cuenta a las diferentes entidades y a toda la ciudadanía, no solo a un sector.

“Pedimos que sea retirado y que se inicie nuevamente el proceso de construcción,

estamos de acuerdo con avanzar en decisiones que nos permitan reducir el riesgo

de afectación al medio ambiente, que el desarrollo sea adecuado, que respete la

estructura ecológica principal. Estamos totalmente de acuerdo con eso y es la

apuesta de Bogotá, pero eso se hace construyéndolo colectivamente y no con una

visión unilateral como lo plantea el Gobierno Nacional”, agregó.Afectaciones del proyecto de resolución

El Alcalde Mayor de Bogotá explicó que con la expedición de este proyecto de

resolución también se impactarán actuaciones judiciales en los casos del Río

Bogotá y los Cerros Orientales, que han sido resueltas por el Consejo de Estado y

ahora supervisadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y tienen que

ver con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Canoas y la inversión, recuperación y conservación de los cerros.

Además, explicó que 172 mil familias, incluidas las de seis barrios de origen

informal que actualmente están en proceso de legalización, y que hoy en día viven

en el área señalada en el proyecto de resolución, se verán afectadas porque sus

predios quedarían señalados bajo una condición de “humedales”. Situación similar

a la de 30.000 viviendas nuevas, recientemente entregadas en 17 Planes Parciales,

y de otras 120.000 viviendas que avanzan en su construcción, muchas de ellas han

recibido subsidios de diferentes gobiernos distritales.

También quedan en un manto de incertidumbre más de 115.000 niños y niñas,

más de 26.000 adultos mayores y más de 20.000 comercios, que viven y se ubican

en estos sectores.

En cuanto a proyectos estratégicos Galán advirtió que las grandes apuestas de

infraestructura de la ciudad, que se están desarrollando o desarrollarán en el

futuro cercano, y mejorarán la movilidad y la calidad de vida de millones de

personas, quedarían en el limbo, porque sus predios se ubican en las zonas que se

reglamentarían, caso del Patio Taller y trazados de las líneas 1 y 2 del Metro,

trazado de la línea 3 del Metro, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la

prolongación de la Calle 63, el proyecto Ciudad – Aeropuerto, la Avenida Suba –

Cota, el cable a la Calera, el Regiotram de Occidente, la troncal de la Calle 13, el

puente vehicular y el ciclopuente de Tibanica, el corredor de la Carrera Séptima y

la Autopista Norte, entre otros.

Las afectaciones también serán en temas relacionados con la prestación de

servicios públicos porque no se podrán intervenir predios en los que se ubican las

PTAR Canoas y Salitre, y los embalses de Chuza, La Regadera y San Rafael;también queda en el limbo el desarrollo de infraestructura energética, que

garantizará el servicio para la ciudad en el mediano y largo plazo.

“Hay otros equipamientos que quedan en estas zonas que se convierten en

humedal y entran a ser parte de la estructura ecológica principal, estamos

hablando de 83 sedes educativas, 9 equipamientos de salud, 12 de Integración

Social, 11 de seguridad, 9 recreativos. En fin, deja en el limbo equipamientos,

vivienda, vías, proyectos estratégicos en todo sentido”, especificó el alcalde Carlos

Fernando Galán.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe,

señaló su preocupación por el impacto económico que estas decisiones podrían

tener, en relación con el programa ‘Bogotá Ciudad Aeropuerto’. “Este es un

proyecto estratégico para la ciudad que va a aumentar la competitividad y en el

que ya estamos trabajando para tener resultados en el corto y en el mediano

plazo. Hemos estimado que las inversiones que se dejarían de recibir serían

cercanas a los $650.000 millones de pesos y estaríamos hablando de una

afectación de empleos directos e indirectos cercana a los 15.000 empleos”,

manifestó la secretaria de Desarrollo Económico.

Asimismo, resaltó su preocupación respecto a los más de 20 mil comercios

georeferenciados en la zona. En su mayoría, micronegocios que generan entre dos

y tres empleos cada uno. “Estamos hablando de 60.000 empleos que se pueden

ver afectados o que quedarían bajo un manto de incertidumbre. Acá no solamente

se está afectando la competitividad de la ciudad, la visión económica de largo

plazo, sino también se estaría afectando esta economía social”, añadió la

secretaria.

Acciones que realizará el Distrito

El alcalde Mayor de Bogotá insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional

retire el proyecto de resolución, e inicie un proceso coordinado que garantice la

construcción participativa de lineamientos de ordenamiento ambiental para la

sabana; a su vez anunció que si es necesario acudirá a acciones legales de tipo

administrativo y penalAsimismo, convocará a las autoridades locales y la ciudadanía a la construcción de

estos lineamientos: “Vamos a convocar al Gobernador de Cundinamarca y a los

alcaldes afectados por esta decisión para que juntos trabajemos articuladamente y

de manera coordinada, como ordena la ley y la Constitución, en exigirle a la Nación

que tenga en cuenta a los territorios y no imponga sus decisiones”, puntualizó.

Finalmente, resaltó la importancia de la participación ciudadana porque con la

decisión se afectarán más de 600 mil personas que habitan en 138 barrios de las

localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.

“Haremos lo que sea necesario, en el marco de la ley para defender los derechos

de los habitantes de Bogotá, para defender la autonomía territorial y defender los

proyectos que esta ciudad definió, ya tiene financiados y va a concretar, porque

van a cambiar la calidad de vida de la gente”, concluyó el alcalde Carlos Fernando

Galán.