Académicos de la Universidad de América llaman a una política antidrogas integral para apoyar a las comunidades rurales

Bogotá D.C., octubre de 2024. La Universidad de América, comprometida con el
análisis y la reflexión sobre los grandes desafíos sociales del país, presenta una
investigación académica que pone en evidencia una paradoja en la política
antidrogas del Gobierno colombiano.
Este estudio, realizado por los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de UAmérica, Juan Carlos Meza Martínez, Danny Miguel
Rebolledo Castillo y José Román González Rodríguez, analiza cómo las
comunidades campesinas de Norte de Santander, Putumayo y Nariño enfrentan
una situación crítica derivada de los avances en la lucha contra el narcotráfico.
Mientras el Ministerio de Defensa reporta con satisfacción un aumento del 31% en
las incautaciones de cocaína durante 2024, los campesinos que antes dependían
de los cultivos ilícitos de coca como fuente de ingresos se ven atrapados en un
ciclo de pobreza e incertidumbre. A pesar de que la política antidrogas actual ha
decidido no perseguir a las familias campesinas, enfocándose en la destrucción de
laboratorios y la interdicción de cargamentos, el efecto colateral ha sido una
dramática reducción en la demanda de hoja de coca, afectando directamente la
economía local de miles de hogares campesinos.
La paradoja de los cultivos ilícitos
El estudio realizado por los investigadores de la Universidad de América revela
que el éxito en la incautación de clorhidrato de cocaína ha generado una
disminución en la demanda de hoja de coca, principal sustento de estas
comunidades rurales. Lo que alguna vez fue una actividad rentable ha dejado de
serlo, sumiendo a miles de familias en una crisis económica sin precedentes. "Las
organizaciones narcotraficantes han reducido la compra de hoja de coca, y esto ha
afectado profundamente a las familias campesinas, quienes ahora enfrentan una

situación económica crítica", explica Juan Carlos Meza, uno de los autores del
estudio.
La investigación incluye entrevistas con líderes comunitarios de las zonas
afectadas, quienes manifestaron su preocupación por el futuro de sus
comunidades. La falta de infraestructura básica, como vías terciarias para facilitar
el transporte de productos agrícolas, y la escasa presencia institucional del Estado
han complicado la posibilidad de que los campesinos puedan hacer una transición
exitosa hacia cultivos lícitos.
Desarrollo alternativo: ¿una solución viable?
Ante este escenario, los investigadores de la Universidad de América ven en el
Desarrollo Alternativo una oportunidad clave para mejorar las condiciones de vida
de estas comunidades.
Sin embargo, señalan que la falta de un enfoque integral en las políticas públicas
ha limitado el éxito de este programa. "La sustitución de cultivos ilícitos, aunque
prometedora en teoría, no ha logrado ser una solución real para los campesinos
debido a la falta de apoyo en comercialización de productos, asistencia técnica y,
sobre todo, infraestructura que permita una salida eficiente de sus cosechas",
comenta José Román González Rodríguez, otro de los autores.
Los resultados del estudio sugieren que es necesario un replanteamiento del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y una mayor
inversión en proyectos que realmente ayuden a los campesinos a transitar hacia
economías legales. Entre las recomendaciones, se encuentra la construcción de
vías terciarias y la implementación de tecnologías agrícolas que hagan viable y
rentable la producción de alimentos en estas zonas.
Un llamado desde la academia al gobierno
La Universidad de América, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, hace un llamado al Gobierno Nacional para que considere las
recomendaciones surgidas de esta investigación. Los académicos insisten en que
las políticas de interdicción y destrucción de laboratorios deben estar
acompañadas de un sólido apoyo a las comunidades campesinas para garantizar
una transición real y sostenible hacia economías lícitas.
"La política antidrogas necesita un enfoque integral que no solo combata el
narcotráfico, sino que también brinde soluciones a las comunidades más
vulnerables que dependen de los cultivos ilícitos para su supervivencia", enfatiza
Danny Miguel Rebolledo Castillo, quien participó en la investigación.
La Universidad de América, con su enfoque en la investigación aplicada y el
análisis crítico de los problemas más urgentes del país, reitera su compromiso con
el desarrollo de soluciones que beneficien a la sociedad colombiana. Esta

investigación no solo ofrece un diagnóstico profundo de la situación actual, sino
que también propone medidas concretas que podrían mejorar las condiciones de
vida en las regiones afectadas.
"La academia tiene un rol fundamental en la formulación de políticas públicas que
realmente atiendan las necesidades del país. A través de investigaciones como
esta, buscamos aportar nuevas perspectivas y contribuir al desarrollo de
estrategias más eficaces y humanas", concluyen los investigadores.