Más sanciones, misma sensación: por qué en Colombia seguimos entregando datos como peaje

Por: Fabián A. Gamba Sánchez

Líder del Observatorio de Humanismo Digital de Areandina

 

Las 101 investigaciones y los 5.157 millones de pesos en multas que reportó la Superintendencia de Industria y Comercio en 2025 por presuntas infracciones al régimen de protección de datos personales no son solo una noticia de sanciones. Son la señal de un rezago cultural: en el país digitalizamos la vida mucho más rápido de lo que aprendimos a ponerle límites. Seguimos entregando información como quien paga un peaje para estudiar, comprar o registrarse. Y en esa naturalización se pierde privacidad y también se erosiona autonomía.

 

Desde el Observatorio de Humanismo Digital de Areandina hemos insistido en una idea necesaria: el problema no es únicamente cómo usamos la tecnología, sino qué pasa con lo humano cuando aceptamos que todo se registre, se cruce y se conserve. Allí aparece una resignación. Aprendemos que conectarse implica exponerse. Que pedir un descuento exige entregar teléfono y correo. Que estudiar o trabajar en una plataforma obliga a dejar copia del documento, ubicación, biometría o historial.

 

La privacidad no es un lujo individual. Es una condición básica de la dignidad y del autogobierno. La Constitución colombiana protege la intimidad, el buen nombre y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información recogida sobre cada persona en bases de datos. De hecho, la Ley 1581 de 2012 desarrolló ese marco y reconoció derechos del titular para consultar, corregir, revocar autorizaciones y pedir supresión cuando corresponda.

 

Dicho en palabras simples: si otros deciden qué saben de mí, por cuánto tiempo lo guardan, con quién lo comparten y para qué lo usan, entonces mi margen de acción se reduce. No porque tenga algo que ocultar, sino porque la vida social funciona con reputaciones, inferencias, etiquetas y jerarquías. Los datos no solo describen, también clasifican. Nunca lo olvide.

 

Poner límites también es ciudadanía

 

Basta mirar escenas cotidianas. Un estudiante deja cédula, teléfono, dirección y correo para una actividad o un beneficio, y días después su información aparece circulando en grupos de WhatsApp o en llamadas comerciales que nunca autorizó. En el trabajo ocurre algo parecido cuando, bajo el lenguaje de seguridad o verificación, se piden datos excesivos o sensibles sin suficiente justificación. El problema no es solo la recolección de datos, es la circulación posterior y la posibilidad de que esos registros se interpreten en clave de sospecha, confiabilidad o riesgo.

 

Por eso ejercer habeas data sin ser experto no exige dominar jerga jurídica, pero si exige plantear preguntas básicas. ¿Qué datos me están pidiendo? ¿Para qué los necesitan? ¿Quién tendrá acceso? ¿Por cuánto tiempo los almacenarán? ¿Existe una alternativa menos invasiva? Si una entidad pública o privada solicita biometría, copia del documento o ubicación para un trámite menor, cuestionar su finalidad no es exagerado, es proporcional.

 

También conviene pedir la política de tratamiento de datos y leer cuatro puntos: qué recolectan, para qué, con quién comparten y cómo se ejercen los derechos del titular. En la práctica, la ruta suele empezar con una petición directa al responsable de la información, si no responde o niega sin fundamento, la persona puede reclamar formalmente y luego acudir ante la Superintendencia con los soportes del caso. No es un favor, es un derecho.

 

En casa, en el colegio, en la universidad o la empresa, el estándar mínimo debería ser no circular datos de terceros porque sí. No reenviar listados con teléfonos y cédulas, no compartir capturas con información sensible, no publicar fotos de menores sin consentimiento y no asumir que una base improvisada es apenas un detalle. En el trabajo, la regla es similar: no normalizar que lo delicado se pida por costumbre ni aceptar que todo quede guardado indefinidamente.

 

La expansión de la inteligencia artificial vuelve este debate urgente. Ya no se trata solo de almacenar información, sino de producir inferencias: cruzar rastros, calcular probabilidades, construir perfiles. Si eso ocurre sin controles claros, la persona corre el riesgo de quedar reducida a una categoría o a un puntaje automatizado.

 

El dato no es un peaje para entrar al mundo digital. Es parte de la persona. Y aprender a poner límites razonables no es un gesto heroico. Es una forma cotidiana de ciudadanía.