Alerta ante posible incremento de tarifas de energía: el aumento del salario mínimo y nuevos cargos presionarán al alza el costo en 2026

 

Bogotá D.C., 15 de enero de 2026. – Las tarifas de energía eléctrica en Colombia
enfrentarán en 2026 una presión alcista significativa, impulsada por diversos factores. Entre
ellos se destaca el incremento del 23% del salario mínimo que impacta directamente el
componente de comercialización, uno de los componentes de la factura y de manera
indirecta genera presión sobre otros componentes de la cadena de prestación del servicio.
Adicionalmente, el impuesto al carbono adoptado en la Reforma Tributaria de 2022 tendrá
un incremento para este 2026 que impactará del orden de $7 por kilovatio-hora (kWh). A
esto se suma la posible incorporación de un cargo adicional de $8/kWh que el Gobierno
Nacional está planteando actualmente, para cubrir la deuda de la empresa Air-e, intervenida
y bajo control del Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Este
costo terminaría siendo asumido por todos los usuarios del país.
De no adoptarse medidas de mitigación, estos factores se sumarían a los ajustes normales
por inflación (IPC) y a las actualizaciones por índices de precios al productor (IPP) que
afectan los componentes regulados de redes, generando un nuevo aumento en el costo
unitario de la energía que pagan hogares y empresas.
¿Cómo se forma la tarifa de energía?
La tarifa que pagan los usuarios regulados se construye a partir del Costo Unitario de
Prestación del Servicio (CU), que se compone de los siguientes elementos:
• Generación (G): costo de producir la energía eléctrica. Depende del precio de
contratos, de la bolsa de energía y de factores como hidrología y precios de
combustibles.
• Transmisión (T): transporte de la energía por las grandes redes nacionales. Es un
ingreso regulado basado en las inversiones realizadas en la red de alta tensión.
• Distribución (D): uso de las redes regionales y locales que llevan la energía hasta
los usuarios finales; también ingreso regulado basado en los costos de inversión y
mantenimiento de redes de baja y media tensión para llegar hasta los hogares.
• Comercialización (C): costos de facturación, recaudo, atención al usuario y gestión
comercial.
• Pérdidas reconocidas (PR): energía que se pierde técnicamente o que no se
recauda, dentro de límites definidos por la regulación.
• Restricciones (R): costos asociados a la operación segura del sistema eléctrico.

En términos simplificados:
CU = G + T + D + C + PR + R
El incremento del salario mínimo: el factor que más pesa en 2026
El incremento del salario mínimo en 23% para 2026 tiene un impacto directo y rápido en
particular sobre el componente de comercialización (C), altamente intensivo en mano de
obra: personal de atención, facturación, call centers, operaciones comerciales y
administrativas.
Aunque transmisión y distribución también tienen costos laborales, su traslado a tarifa suele
estar mediado por revisiones regulatorias y metodologías de indexación, lo que hace que
el impacto inmediato del salario mínimo se concentre en comercialización.
Escenario de incrementos estimados por componente (2026)
Bajo un escenario técnico y conservador, tomando como referencia un CU promedio
cercano a 866 $/kWh, los incrementos potenciales serían:
Componente Incremento
estimado

Principal causa

Generación (G) +26,7 Ajustes contractuales + IPC +
impacto del impuesto al carbono
(+≈7 $/kWh)

Transmisión (T) -1,5 Indexación por IPP (efecto

amortiguador)
Distribución (D) -7,6 Indexación por IPP*
Comercialización (C) +12,0 IPC + impacto directo del salario

mínimo (+23%)

Pérdidas reconocidas (PR) +3,6 Mayor costo de la energía (incluye

efecto térmico y carbono)

Restricciones (R) +5,0 Congestiones y operación del

sistema

Subtotal aumento “normal” ≈ +45 $/kWh IPC, IPP, salario mínimo, impuesto

al carbono

*La variación del IPP obedece a la tasa de cambio con la moneda en revaluación. Si la tendencia
cambia empezará a subir.
*Tarifas aproximadas. El componente de salario mínimo puede impactar buena parte de los costos
de todos los actores de la cadena de energía, con mayor énfasis en el componente de
comercialización.

El cargo adicional por la deuda de Air-e
A este incremento se suma el riesgo de incorporar un cargo adicional de $8 por kWh,
propuesto por el Ministerio de Energía para cubrir la deuda acumulada de Air-e durante el
año y medio de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, cargo
que sería aplicado a través de la tarifa a todos los usuarios del país.

Este cargo no mejora el servicio, no reduce costos estructurales y no está asociado a nueva
infraestructura, pero sí tendría un impacto inmediato y directo en la factura.
¿Cuánto podría subir en total la tarifa?
Sumando ambos efectos:
• Incrementos “normales” por fórmula (IPC, IPP y salario mínimo): ≈ +38 $/kWh
• Cargo adicional para cubrir deuda de Air-e: +8 $/kWh
Incremento total estimado:
≈ +45 pesos por kWh en 2026

De otro lado, estos incrementos impactarán mucho más a regiones que enfrentan mayores
desafíos en términos de pobreza estructural y que históricamente vienen teniendo las tarifas
más altas de energía, debido entre otros, a los altos costos de distribución y pérdidas, menor
densidad eficiente de red, rezagos históricos de inversión, y problemas financieros,
especialmente en el mercado Caribe:
1. La Guajira: segundo departamento con mayor pobreza monetaria (65,4% de
hogares pobres).
2. Atlántico ~41–42%*
3. Magdalena ~40–41%*
4. Bolívar ~44–48%*
5. Cesar ~58,0%
Este escenario plantea un desafío urgente para la política energética y social del país.
Cargar sobre los usuarios los efectos combinados de inflación, ajustes regulatorios,
aumentos salariales y deudas empresariales pone en riesgo la asequibilidad del servicio,
especialmente para los hogares más vulnerables y para el sector productivo.
El debate no es solo técnico, sino social y económico: cómo proteger al usuario final sin
desfinanciar el sistema eléctrico, y cómo evitar que decisiones coyunturales terminen
traduciéndose en aumentos generalizados en la factura de todos los colombianos.