Catatumbo, Colombia: 100.000 desplazados tras un año de conflicto brutal

Un año después del escalamiento del conflicto interno en el Catatumbo, al noreste de
Colombia, población civil vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el
uso de artefactos explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte, advierte el
Consejo Noruego para Refugiados (NRC).
Doce meses después de que el conflicto armado en el Catatumbo se intensificara
drásticamente el 16 de enero de 2025, la violenta disputa territorial no muestra
señales de tregua en esta volátil región fronteriza con Venezuela. Los
enfrentamientos continuos siguen causando nuevas víctimas civiles y obligando a las
personas a huir de sus hogares. Se estima que más de 100.000 personas han sido
desplazadas por la violencia desde el inicio del escalamiento del conflicto.
“Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la
esperanza. El Gobierno colombiano y la comunidad internacional deben redoblar sus
esfuerzos, garantizando alojamientos seguros, educación, protección y medios de
vida para miles de personas que siguen viéndose afectadas por la agudización de la
crisis humanitaria. Asimismo, para quienes buscan retornar, es vital que se garantice
la seguridad en sus comunidades de origen”, afirmó Giovanni Rizzo, director de país
de NRC en Colombia.
Esta emergencia está destruyendo las vidas tanto de colombianos como de
refugiados y migrantes venezolanos vulnerables en la región. Al igual que ocurre en
las guerras más brutales del mundo, aquí los padres y madres se ven obligados a
recurrir a su imaginación para proteger a sus hijos e hijas del horror.
“Les dije a mis hijos que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban;
no puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me
persigue a mí cada día”, relató a NRC una madre desplazada, de cuatro hijos.
Para evitar que el sufrimiento se prolongue, NRC hace un llamado a todos los actores
armados a cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a
respetar estrictamente el derecho internacional humanitario.
“Hemos recibido informes de familias desplazadas que están siendo obligadas por
grupos armados organizados a no usar ropa oscura, con el fin de evitar que sean
confundidas con objetivos militares durante los enfrentamientos. Lejos de ofrecer
protección, estas prácticas sitúan a los civiles directamente en la línea de fuego y
aumentan su vulnerabilidad”, afirmó Rizzo. “Hacemos un llamado a todas las partes
del conflicto para que respeten la vida de la población civil de manera incondicional
y pongan fin a estas tácticas nocivas”.
Las consecuencias humanitarias de esta crisis son generalizadas. El hambre en la
región está siendo impulsada por el conflicto, ya que los grupos armados limitan la
producción de alimentos y obligan a los campesinos a sembrar cultivos de coca para
uso ilícito. El acceso al agua potable ha llegado a un punto crítico tras la destrucción
deliberada de infraestructura civil. A cientos de niñas y niños se les está robando su

futuro al no poder asistir a la escuela debido a ataques directos contra las aulas o al
trauma del desplazamiento forzado.
El Catatumbo se encuentra actualmente en cuidados intensivos humanitarios. Cada
peso invertido hoy es una inversión en la estabilidad futura de esta frágil región
fronteriza, ahorrándole al país costos mucho más elevados de futuros
desplazamientos y la reparación del territorio”, afirmó Rizzo.
Mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se
triplicó durante 2025, actores humanitarios solo reportaron haber recibido el 25 por
ciento de los recursos necesarios para la asistencia humanitaria. Esta falta de fondos
no es una mera consecuencia; es una causa de más víctimas. “La falta de ayuda a
tiempo y sostenida obliga a las familias a regresar a zonas de alto riesgo, exponiendo
a niñas y niños al reclutamiento y coaccionando a los adultos a participar en
economías ilícitas, lo que profundiza su sufrimiento y prolonga el ciclo de la
violencia”, dijo Rizzo.
Notas para los editores
• Fotografías de uso gratuito disponibles [aquí].
• El 16 de enero de 2025, los enfrentamientos entre grupos armados organizados
por el control territorial se intensificaron drásticamente en el Catatumbo.
• 102.857 personas fueron desplazadas internamente en el Catatumbo el año
pasado (Unidad para las Víctimas).
• Desde el 16 de enero de 2025, OCHA estima que el conflicto armado en el
Catatumbo podría afectar a más de 200.000 personas, lo que representa el 53 %
de la población total de la región (377.746 habitantes) (OCHA).
• Desde el 14 de diciembre de 2025, alrededor de 800 personas han sido
desplazadas y 1.500 permanecen confinadas (Defensoría del Pueblo).
• Desde noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el
escalamiento del conflicto armado entre grupos armados organizados,
representando riesgos extremos y altos para los civiles en el Catatumbo. En
octubre de 2025, la Defensoría emitió una nueva Alerta Temprana, advirtiendo
nuevamente sobre el peligro que corre la población civil (Defensoría del Pueblo).
• La Corte Constitucional emitió el Auto 1666 de 2025 en noviembre de 2025,
debido al grave deterioro humanitario en la región del Catatumbo y los retos en
la coordinación de la respuesta del Estado (Corte Constitucional).
• Cerca de 5,1 millones de personas viven en situación de desplazamiento interno
como consecuencia del conflicto y la violencia en Colombia (IDMC).
• Según OCHA, en Colombia, aproximadamente 1,6 millones de personas se vieron
afectadas por el conflicto armado entre enero y noviembre de 2025, triplicando
las cifras de 2024 (OCHA).
• 6,9 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Colombia (OCHA).
• En 2025, la comunidad internacional solicitó 342 millones de dólares para
atender las necesidades humanitarias causadas por el conflicto armado y los

desastres en el país; de estos recursos, los actores humanitarios solo se reportan
haber recibido el 24 por ciento (82,5 millones de dólares) en 2025 (OCHA).
• NRC continúa apoyando a las instituciones gubernamentales en el registro de la
población desplazada. Además, NRC entrega alimentos, agua potable y kits de
higiene, kits de refugio, implementa actividades de protección para mitigar la
violencia y brinda actividades de educación en emergencias (NRC).