¿Por qué los precios del petróleo no han reaccionado a la captura de Nicolás Maduro?

● Los mercados petroleros se han mantenido relativamente tranquilos, lo
que refleja el papel reducido del país en el suministro mundial y un

mercado petrolero ya bien abastecido.

Bogotá. Enero, 2025. “A pesar de los titulares, es probable que los
acontecimientos en Venezuela tengan un impacto limitado en los precios del
petróleo a corto plazo”. Esto asegura Noah Barrett, analista financiero certificado
de la firma internacional Janus Henderson.
El experto entregó un análisis sobre la situación del crudo, según el cual, en el
contexto del mercado mundial del petróleo, no se espera que esto tenga un
impacto significativo en el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Venezuela, que en su día fue un productor de petróleo dominante, ha visto cómo
su producción caía en las últimas dos décadas y ahora representa menos del 1 %
del suministro mundial, gran parte del cual se destina a China. Mientras tanto, el
mercado se enfrenta a un exceso de oferta cada vez mayor, ya que la OPEP y
otros productores aumentan la producción en un contexto de crecimiento
moderado de la demanda.
Evaluación de la reacción inicial del mercado
La respuesta de los mercados ha sido moderada, y los futuros del crudo Brent se
han negociado dentro de un rango bastante estrecho hasta el 5 de enero. Dicho
esto, aunque la tendencia inicial fue a la baja, los precios acabaron subiendo, con
un alza a corto plazo atribuida a la incertidumbre geopolítica y al
posicionamiento, y los precios del petróleo se recuperaron de su mayor caída
anual desde 2020.
Mientras tanto, el sector energético fue el que mejor se comportó dentro del
índice S&P 500 ese día, gracias al repunte de las acciones de las grandes
empresas integradas, las empresas de servicios petroleros y las refinerías.
Las perspectivas de suministro a largo plazo parecen pesimistas para los
precios del petróleo
Dada la falta de inversión en el país, junto con el deterioro de sus infraestructuras,
se necesitaría una cantidad significativa de tiempo y dinero para que la
producción volviera a los niveles anteriores. Entre 2010 y 2015, Venezuela tuvo una
producción media de entre 2,2 y 2,4 millones de bpd. Volver a estos niveles
probablemente llevaría entre uno y tres años, aunque Barrett cree que podría ser
menos si las grandes petroleras estadounidenses decidieran volver a Venezuela.

Implicaciones para el sector energético: ¿Quiénes son los posibles ganadores
y perdedores?
Si Estados Unidos decide realizar una inversión significativa en Venezuela, el
aumento de la producción (oferta) tendría un efecto bajista sobre los precios del
petróleo a largo plazo. Al mismo tiempo, las refinerías de la costa del Golfo se
beneficiarían, ya que están bien equipadas para procesar este tipo de crudo
pesado y las distancias de transporte más cortas reducirían los costes de
transporte. Por el contrario, podría suponer un obstáculo para los productores
canadienses, ya que parte de su crudo pesado se vería desplazado en favor del
petróleo venezolano y tendrían que encontrar un nuevo mercado.
La enorme inversión necesaria para reconstruir la infraestructura petrolera de
Venezuela —más de 100 000 millones de dólares según algunas estimaciones—
también podría crear importantes oportunidades para las principales empresas
de servicios petroleros de Estados Unidos, junto con las grandes empresas
integradas.
La estabilidad política sigue siendo un obstáculo clave
Aunque esperamos que la situación se aclare pronto, esta es muy inestable y la
revitalización de la industria petrolera del país se enfrenta a importantes retos. En
la actualidad, Chevron es la única gran petrolera estadounidense que opera en
Venezuela; sus empresas conjuntas con PDVSA representan entre el 20 % y el 30
% de la producción total del país. Otras empresas estadounidenses que se
retiraron de la región hace años podrían esperar a que el entorno político se
estabilice para volver a entrar.
Una participación más amplia dependerá probablemente de las garantías de que
no se repitan las confiscaciones de activos privados por parte del Gobierno en el
pasado, así como de la claridad en torno a las empresas conjuntas extranjeras, en
particular las que involucran a China y Rusia.