Sobre el proyecto de cobro al uso de la plataforma BRE-B por refacil

El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda modifica los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016 para eliminar el trato diferente que existía entre los pagos hechos con tarjetas de crédito o débito y los realizados mediante otros medios electrónicos, como transferencias, pagos con QR o billeteras digitales.

 

Hasta ahora, las compras con tarjetas tenían una retención en la fuente del 1,5 %, pero los pagos digitales no estaban sujetos a esa retención. Con este decreto, todas las transacciones electrónicas (incluyendo plataformas como Bre-B, Nequi, Daviplata o cualquier otro sistema de pago electrónico vigilado) quedarían gravadas con la misma tarifa de retención.

 

El decreto también define que los agentes de retención serán los adquirentes o los agregadores (las plataformas de pago o pasarelas que procesan las transacciones), y no solo los bancos emisores de tarjetas. Se exceptúa de la retención a las personas naturales no responsables de IVA, pero no a las pequeñas empresas formales que no tienen ICA o mecanismos de descuento, lo cual podría generarles una retención efectiva sin posibilidad de compensación.

 

Esto implica que los comercios que reciben pagos digitales verán descontado automáticamente el 1,5 % de sus ingresos, lo que puede alterar los incentivos para aceptar medios de pago electrónicos, especialmente en transacciones de bajo monto o en negocios con márgenes pequeños.

 

Respuestas de Baudo Pineda, CEO de Refácil, sobre el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

 

1. ¿Cómo afectaría a plataformas como BreB la obligación de practicar retención en la fuente del 1,5 % sobre cada pago electrónico?

La medida tendría un impacto directo en la aceptación de los pagos digitales, especialmente en plataformas como Bre-B, que nacieron para masificar los pagos inmediatos y reducir el uso del efectivo. Aunque el 1,5 % es un valor que después puede descontarse, para los comercios representa una reducción inmediata en su flujo de caja. Esa disminución genera resistencia, desconfianza y una percepción negativa del medio de pago.

En un país donde los márgenes de ganancia de los pequeños negocios oscilan entre el 3 % y el 7 %, una retención automática del 1,5% puede sentirse como una pérdida importante, reduciendo su rentabilidad y su disposición a aceptar medios electrónicos. Esto debilita la confianza en los sistemas digitales y frena los avances en inclusión financiera, porque muchos tenderos y emprendedores preferirán volver al efectivo, percibido como un medio más simple y sin descuentos.

Además, algunos comercios podrían trasladar el costo al cliente, cobrando un valor adicional por pagar con Bre-B u otros canales electrónicos. En ese escenario, el beneficio principal de los pagos digitales, basado en su simplicidad y bajo costo, se perdería.

En conclusión, esta retención podría alterar los incentivos que hoy impulsan la adopción de Bre-B, justo cuando el ecosistema empieza a consolidarse como una alternativa moderna, interoperable y confiable para comercios y usuarios.

2. ¿Consideran que esta medida puede desincentivar el uso de medios de pago digitales en pequeños comercios o emprendimientos?

Después de años impulsando la digitalización, de convencer al tendero, a la peluquería y al del puesto de empanadas de que recibir pagos con código QR era el futuro, ahora el mensaje parece otro: gracias por formalizarte, aquí tienes tu retefuente del 1,5% por atreverte a usarla.

Para un microcomercio, ese 1,5% no es una cifra abstracta. Es la caja del día, el vuelto del proveedor o el almuerzo del ayudante. Y lo más paradójico es que muchos de esos pequeños negocios declaran renta en cero, no porque evadan, sino porque su renta líquida es mínima. En la práctica, esa retención se convierte en un saldo a favor eterno, de esos que terminan empolvados en la DIAN junto con las buenas intenciones del Estado.

Porque seamos sinceros: si hoy a una empresa formal, con contador, revisor fiscal y todos los papeles al día, ya le cuesta que la DIAN le devuelva un saldo a favor, ¿qué se puede esperar de un micro que apenas tiene WhatsApp Business y factura desde el celular?

Mientras tanto, el efectivo seguirá reinando en el barrio. Sin retenciones, sin conciliaciones y sin esperar seis meses a que el Estado le devuelva lo suyo.

En resumen, esta medida castiga la formalidad y premia el efectivo. Si el objetivo es la inclusión financiera, el camino no puede ser meterle la mano al bolsillo al más pequeño del sistema. Porque cuando el tendero vea que cada pago digital le deja menos, no va a pensar en política tributaria ni en inclusión financiera; va a decir con toda la razón: llévese ese datáfono, que prefiero el billete arrugado, ese al menos no se me va en retefuente.

3. ¿Qué impacto prevén en la adopción de Bre-B para pagos presenciales en locales pequeños o informales?

El impacto sería claramente regresivo. Los comercios que adoptaron Bre-B por su rapidez, liquidez inmediata y cero costos podrían volver al efectivo, que no tiene descuentos ni trámites. Bre-B nació para simplificar la vida de los pequeños negocios, pero imponer una retención cambia por completo esa propuesta de valor.

Esto podría frenar la formalización y la adopción digital, especialmente en zonas rurales y micronegocios urbanos donde apenas comenzaba a construirse confianza. Lo que hasta ahora simbolizaba modernización y acceso podría convertirse en una nueva fuente de desconfianza. Si eso ocurre, el país perdería impulso en su transición hacia una economía digital más inclusiva.

4. ¿Creen que algunos comercios podrían optar por rechazar pagos en Bre-B o cobrar una comisión adicional para compensar la retención?

Es muy probable. Bre-B ha tenido éxito porque es simple, rápido y sin costos. Los comercios valoran recibir pagos inmediatos sin descuentos ni demoras. Con la retención, esa ventaja desaparece y cambia la dinámica del sistema.

La experiencia muestra que cuando un medio de pago deja de percibirse como gratuito, los comercios trasladan el costo al cliente o directamente lo rechazan. Podríamos volver a ver letreros en los puntos de venta que anuncian recargos por pagos digitales o la preferencia por el efectivo.

En Brasil, el simple rumor de un impuesto al sistema PIX provocó una caída superior al 20% en los pagos presenciales en pocas semanas, según el Banco Central de ese país. Si algo así pasa en Colombia, los avances logrados con Bre-B en confianza, interoperabilidad y educación financiera estarían en riesgo.

5. ¿Han evaluado si los comercios que no pagan ICA o no pueden descontar la retención verán afectada su liquidez o sus costos?

Sí. En Colombia, más del 85 % de las unidades productivas son micro o pequeñas empresas, y la mayoría no tiene estructura contable ni herramientas para compensar impuestos. Para ellas, esta retención se convierte en un costo definitivo que afecta su flujo de caja. En negocios donde la rotación del efectivo es vital, como tiendas o panaderías, esa diferencia puede determinar si se mantiene o no la operación diaria.

6. ¿Podría esto generar un efecto similar al ocurrido en Brasil, donde rumores sobre retenciones al sistema PIX redujeron temporalmente el uso del sistema en puntos de venta?

Sí. En 2023, el Banco Central de Brasil reportó una caída del 22% en los pagos presenciales con PIX tras el rumor de un nuevo impuesto. La confianza se deterioró y muchos usuarios suspendieron su uso por temor a nuevos cobros.

Colombia podría vivir algo parecido. Bre-B está en una etapa temprana de crecimiento y su éxito depende de que los usuarios lo vean como un medio sencillo y sin costos. Cualquier medida percibida como un cobro adicional puede afectar la confianza y frenar su adopción.

7. ¿Qué medidas consideran necesarias para evitar que esta retención frene la inclusión financiera o la formalización digital de los pagos?

La primera medida debería ser no aplicar el decreto en los términos actuales, porque va en contra de los esfuerzos por digitalizar y bancarizar al país. Colombia ha avanzado notablemente en este frente. Según la Superintendencia Financiera, en 2024 las transacciones electrónicas superaron los 4.000 millones anuales, con un crecimiento del 18 %. Una retención generalizada pondría en riesgo ese avance.

Si la medida sigue adelante, el Gobierno debería establecer excepciones o regímenes especiales para proteger a los microcomercios, que son la base de la economía popular. También debe comunicarse de forma clara que este impuesto es descontable y que las personas naturales no responsables de IVA no están sujetas a retención.

Es fundamental una campaña de educación financiera que ayude a los comercios a entender el proceso, así como definir un umbral mínimo que exima a las ventas pequeñas, por ejemplo, aquellas con ingresos inferiores a 20 millones de pesos mensuales. La política fiscal no puede ir en dirección opuesta a la inclusión financiera.

8. ¿Las plataformas tendrían que ajustar sus sistemas para calcular y declarar la retención por cada transacción? ¿Qué costos o cargas operativas implica esto?

Sí, y el impacto sería considerable. Plataformas como Refácil Pay o Bre-B procesan millones de transacciones al mes. Con la nueva medida, cada pago tendría que incluir el cálculo y reporte automático de la retención, lo que implica desarrollar nuevos módulos, integrar procesos de conciliación, realizar auditorías y reportar a la DIAN.

Esto aumentaría la carga tecnológica y operativa, generando más costos en infraestructura, personal especializado y cumplimiento regulatorio. En la práctica, cada transacción dejaría de ser solo un movimiento financiero para convertirse también en un registro fiscal.

Los costos de implementación podrían trasladarse a los modelos comerciales, afectando tarifas o tiempos de liquidación. En un entorno donde la principal ventaja frente al efectivo es la rapidez, esta retención añade complejidad y fricción.

9. ¿Han dialogado con el Ministerio de Hacienda o la DIAN sobre los impactos específicos para las fintech y los pequeños comercios?

Hasta ahora no ha habido un diálogo formal con el Ministerio ni con la DIAN, pero consideramos urgente abrirlo. Esta medida no puede evaluarse con la misma lógica que se aplica a una gran superficie o a una empresa con departamentos contables y alta liquidez. Un tendero que vende 200.000 pesos diarios no puede enfrentar la misma carga tributaria.

El sector fintech, junto con Colombia Fintech, debería liderar un espacio de conversación técnica con el Gobierno para analizar los efectos reales sobre la adopción digital y la formalización. Desde Refácil Pay creemos que el liderazgo gremial será clave para proponer alternativas más equitativas, como retenciones diferenciadas o esquemas de exclusión gradual según el tamaño del comercio.

Solo a través del diálogo entre el sector público y privado será posible mantener los avances logrados en interoperabilidad y bancarización, evitando que una medida fiscal frene el progreso del ecosistema de pagos digitales.

10. ¿Qué alternativas o excepciones podrían considerarse para que esta medida no castigue el uso de pagos digitales en montos bajos?

Podrían establecerse umbrales mínimos exentos, por ejemplo, para transacciones menores a 200.000 pesos, o retenciones ajustadas al tamaño del comercio. También sería útil habilitar mecanismos automáticos de devolución o compensación desde las plataformas, para que los microcomercios no pierdan liquidez ni deban enfrentarse a trámites complejos.

La política tributaria debe ser un aliado de la inclusión digital, no un obstáculo. Si el país quiere que BreB y los pagos inmediatos sean el estándar, las reglas deben premiar su uso, no castigarlo.

Nota final

Existe además un riesgo técnico que no se ha aclarado. Las transacciones entre cuentas del mismo banco o dentro de una misma billetera digital podrían clasificarse como simples transferencias y quedar por fuera de la retención. Esto crearía un trato preferencial para los ecosistemas cerrados, donde las entidades operan entre sí.

En la práctica, esas plataformas podrían seguir moviendo dinero sin aplicar retenciones, mientras que los sistemas abiertos, como Bre-B, sí tendrían que hacerlo. Esto distorsionaría la competencia y debilitaría el objetivo de fomentar la interoperabilidad.

Por eso es importante que el decreto defina con precisión si esas operaciones estarán incluidas. De no hacerlo, la norma terminaría beneficiando a los actores más grandes y cerrados del sistema, justo cuando el país necesita abrir el mercado y fortalecer la competencia en los pagos digitales.