¿Qué avances y retos enfrenta la justiciabilidad del derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe?

 

• En Cali, representantes de justicia, academia y comunidades de 18 países debaten sobre el estado de la justiciabilidad del derecho a la alimentación en la región
• Cuando falta comida en la mesa, la justicia también es noticia. 34 millones de personas con hambre en América Latina y el Caribe; 25,5% de los hogares en Colombia.
• Costo de los alimentos limita el acceso y afecta la salud desde la nutrición. Últimos informes indican que el costo de una dieta saludable en América Latina y el Caribe llega a los USD $5,16 por persona/día, y en Colombia unos USD $4,67 PPA/día.

 

Bogotá, 29 de septiembre de 2025._ La Universidad Santiago de Cali será sede del taller regional “Justiciabilidad y defensa del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA)”, un encuentro que reunirá a magistrados/as, académicos/as, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales para discutir avances, retos y rutas de acción que permitan exigir y garantizar este derecho en América Latina y el Caribe.

Este evento, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Embajada de Alemania, la Universidad Santiago de Cali y el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), con el apoyo de la Cooperación Española (AECID) y la Cooperación Alemana, además de crear un espacio para compartir ideas y experiencias, permitirá potenciar la formación de una Red Regional de Semilleros de Investigación, comprometidos con la producción de evidencia científica orientada a incidir en políticas públicas sobre derecho a la alimentación.

Es así, como la agenda diseñada propone examinar las barreras aún vigentes para acceder a la justicia en materia de alimentación, tales como la falta de información, la dispersión de mecanismos o las brechas de representación. Así mismo, buscará identificar estrategias para que los fallos tengan impacto colectivo y traduzcan las leyes y propuestas legislativas en cambios tangibles a través de programas, presupuestos y servicios públicos relacionados con la alimentación adecuada.

Vocerías y participantes destacados

• Corte Interamericana de Derechos Humanos: Javier Palummo (Relator Especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-) y Verónica Gómez (Jueza, CIDH).
• Colombia: Óscar Parra (Magistrado, JEP), José Gregorio Hernández (expresidente Corte Constitucional), Tania Guzmán (Procuraduría, restitución de tierras y asuntos agrarios).
• FAO y aliados: Manuela Cuvi (Oficial Jurista, FAO), Juan Echanove (Líder del Equipo de Derecho a la Alimentación, FAO), y Agustín Zimmermann (Representante de la FAO en Colombia).
• Academia y sociedad civil: Observatorio Regional del Derecho a la Alimentación ODA-ALC (capítulos Colombia, Argentina, Guatemala, Bolivia), Diana Guarnizo (Dejusticia), Claudia Collado (ADELCO/Consumers International), entre otros.

¿Por qué es importante hablar de justicia en el derecho a la alimentación?

Hablar de justicia y del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) es afirmar que comer bien, de forma regular y culturalmente pertinente, no es un favor ni una política opcional, sino una obligación jurídica. Cuando un hogar no puede acceder a una dieta suficiente y saludable, la justicia ofrece vías de exigibilidad para corregir fallas del Estado: desde ingresos y abastecimiento hasta ajustes en programas y presupuestos. La justiciabilidad convierte el derecho en resultados concretos, con medidas que previenen daños y reparan vulneraciones.

Así mismo, poner el DHAA en clave de justicia ordena la conversación pública con evidencia: quiénes quedan atrás y por qué, qué barreras enfrentan mujeres rurales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y cómo se traducen los estándares internacionales en decisiones locales. Las sentencias y acuerdos judiciales mejoran políticas (alimentación escolar, compras públicas, atención a emergencias), exigen seguimiento y transparentan recursos, creando incentivos para que las instituciones rindan cuentas y los cambios perduren.

Finalmente, en un contexto de precios volátiles, crisis climática y desigualdades persistentes, el DHAA vincula el ODS 2 (Hambre Cero) con la vida cotidiana: salud, educación y productividad dependen de una alimentación adecuada. Hablar de justicia y del DHAA es proteger capital humano, reducir costos sociales y fortalecer la gobernanza en los territorios. Es, en suma, asegurar que cada decisión pública, en lo que ocurre desde la producción de alimentos hasta el consumo, se mida por su capacidad real de garantizar el derecho a alimentarse dignamente.

Imagine un hogar que, aun trabajando, no logra comprar alimentos suficientes y nutritivos durante meses. En un país con leyes y políticas que reconocen el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA), esa familia puede acudir a un juez (por ejemplo, mediante tutela o medidas cautelares) para pedir acciones concretas: ingreso a programas de apoyo, ajustes presupuestales, abastecimiento inmediato o medidas de no repetición.

Eso es la justiciabilidad: que el derecho sea exigible y reparable ante los tribunales y que el Estado rinda cuentas por garantizarlo.

En América Latina y el Caribe el hambre bajó, pero sigue siendo un reto: en 2024 afectó a 34 millones de personas (5,1% de la población), y aunque la región ha mostrado mejoras sostenidas desde 2022, los eventos climáticos extremos amenazan con revertir avances. De otro lado, la dieta saludable sigue siendo la más costosa del mundo en la región (unos USD $5,16 por persona/día), lo que golpea el bolsillo de los hogares más pobres.

En Colombia, la inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 25,5% en 2024 (14,4 millones de personas), afectando más a la población en zonas rurales (34,2%, muy por encima del 23,0% que se presentó en cabeceras). Factores como el costo de la dieta (USD $4,67 por persona/día) se relacionan de manera directa con estos indicadores. Estas cifras muestran brechas persistentes y la urgencia de que políticas como alimentación escolar, compras públicas a productores de pequeña escala y la atención en emergencias se midan por resultados y, cuando no funcionen, se corrijan por orden judicial.

Mientras que, en el Valle del Cauca, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportados en la Encuesta de Calidad de Vida, el 20,7% de la población enfrentó inseguridad alimentaria en 2024 (5,4 puntos porcentuales menos que en 2023 -26,1%-).

Buscando vías para la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada

Entender la magnitud de la situación es un punto de partida que permite aproximarse a la realidad de cada Estado, bajo esta lógica y partiendo de que es la agricultura familiar la proveedora de al menos el 70% de los alimentos que se consumen, priorizar inversiones en agricultura local y de emergencia en zonas vulnerables, han sido parte de las recomendaciones para acercarnos como humanidad al cumplimiento de las metas del ODS 2: Hambre Cero.

En otras instancias, implementar sistemas integrales de protección social combinando transferencias, mercados locales y nutrición; así como coordinar respuestas que combinen acción contra conflictos, cuidados climáticos y asistencia económica; y contrarrestar recortes en ayuda internacional y garantizar financiación adecuada, complementan la lista de recomendaciones.

Ante este panorama con foco regional, nacional y local, durante dos días se compartirán miradas complementarias sobre cómo hacer efectivo el DHAA en los territorios, desde los estándares internacionales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hasta las lecciones que dejan casos emblemáticos en contextos de desigualdad, cambio climático, tenencia de la tierra y pobreza rural y urbana.

El evento iniciará con un panorama internacional y un panel de acceso a la justicia, para luego abordar el litigio estratégico y activismo colectivo. Referentes judiciales, académicos y de sociedad civil discutirán cómo fortalecer casos (evidencia, peritajes, víctimas) y tejer alianzas que incrementen la incidencia en favor de poblaciones vulnerables. En el panel “Organización y activismo colectivo” se compartirán aprendizajes sobre cómo movilización social, comunicación estratégica y litigio se refuerzan mutuamente.

El segundo día, el foco estará centrado en juventudes y semilleros. El ODA-ALC y colectivos universitarios intercambiarán herramientas y hallazgos para incidir con evidencia en vigilancia, litigio y formulación de políticas.

El fortalecimiento de redes universitarias y el involucramiento de juventudes no solo renuevan el debate: multiplican capacidades para la investigación aplicada, la vigilancia ciudadana y la incidencia. Al integrarse a la agenda del FPH-ALC, estos insumos se convierten en insumos legislativos, minutas presupuestales y herramientas de seguimiento que ayudan a que la justiciabilidad del DHAA se exprese en resultados reales y medibles en los territorios: alimentación escolar de calidad, compras públicas a productores locales, rutas de atención en emergencias y estándares de adecuación nutricional y cultural.

¿Cuándo?: miércoles 1° de octubre de 2025

FAO Américas: panel de apertura 8:00 a 11:00 a.m. – https://www.fao.org/americas/events/event-detail/justiciabilidad-derecho-alimentacion/es

Siga la conversación en redes sociales con los numerales #AlimentacionYJusticiabilidad #DerechoALaAlimentación