Más de 500 organizaciones sociales piden al Gobierno reestructurar política de Paz Total

Balance agridulce en DDHH de los dos primeros años del Gobierno Petro
• Pese a los muchos esfuerzos e inversiones, han sido más los obstáculos
que los avances en lo referente a DDHH y democracia.
• Factores como la férrea oposición política, el recrudecimiento de la
violencia y el bloqueo legislativo y judicial a las iniciativas gubernamentales,
han sido dificultades importantes.
• Sin embargo, destacan positivamente las reformas sociales basadas en
Derechos Humanos y la implementación del nuevo sistema de
transferencias hacia los sectores más vulnerables.
Bogotá 9 de octubre de 2024. Un poco más de dos años han transcurrido desde
el inicio del actual gobierno y, si bien ha habido apuestas y esfuerzos innovadores
en Derechos Humanos, los resultados son escasos, tal como se describe en el
más reciente informe “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz,
los Derechos Humanos y la Democracia”.
Dicho informe es elaborado por más de 500 organizaciones sociales agrupadas en
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU) y la
Alianza, Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), quienes desde hace 21 años,
realizan balances periódicos y presentan recomendaciones a instituciones del
Estado para la protección, implementación y garantías del ejercicio de los
Derechos Humanos a nivel nacional.
El más reciente informe cubre cuatro grandes temas que reúnen el análisis de
estos dos años de gobierno: 1) la política social; 2) el derecho a la vida; 3) las
regiones urgen un cambio y, 4) los otros poderes del Estado, los Derechos
Humanos y el cambio. Dentro de ellos, se estudian los niveles de pobreza, el Plan
Nacional de Desarrollo, los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, la
situación de las personas defensoras de DDHH, el balance legislativo, entre otros.
Es innegable que hay una clara intención gubernamental de profundizar en el
restablecimiento de los Derechos Humanos y, prueba de ello, es que, por primera
vez, un Plan Nacional de Desarrollo (PND), como se destaca en el informe,
muestra la centralidad de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, así como la amplia participación de los diálogos territoriales. Sin
embargo, los resultados siguen siendo muy limitados y las plataformas aseguran
que el PND “carece de detalles procedimentales en muchas áreas, delegando su
desarrollo a futuras leyes o reglamentaciones”.
En lo que refiere a la pobreza y la desigualdad, recuerdan que entre 2021 y 2023,
la tasa de pobreza monetaria se redujo en 6.7 puntos porcentuales, y, a pesar de
estos avances, “los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia siguen siendo
altos”.
Justamente, una de las principales novedades del último informe oficial es la
estimación que se hace “del aporte de los programas de protección social a la
reducción de los índices de Pobreza Monetaria (PM)”. Y es que, si no fuese por las
transferencias monetarias, también conocidas como ayudas institucionales, la tasa
de incidencia de la PM “no hubiera sido del 33%, sino del 37,4% (4.4 p. p. por
encima), y la Pobreza Monetaria Extrema no hubiera equivalido al 11,4%, sino al
16,1% (4.7 p. p. por encima)”.
Si hablamos del derecho a la salud, las plataformas destacan que el Gobierno
impulsó una reforma al Sistema de Seguridad Social para corregir las falencias
estructurales producto de la Ley 100 de 1993, no obstante, fue evidente la
declaratoria de archivo de dichas iniciativas por el Congreso. Ante ello, “el
Gobierno adoptó medidas a través del Ministerio de Salud, la Superintendencia
Nacional de Salud y la ADRES. Gracias a estas acciones, la mortalidad materna
disminuyó de 135 en 2023 a 118 en 2024, su nivel más bajo desde 2021”.
Respecto a los derechos de las personas LGBTIQ+, las organizaciones
observaron una reducción del 1,24% en los actos de violencia contra esta
población en 2023, a pesar de ello, los homicidios y feminicidios “aumentaron a
156 casos. Ello sin contar con la violencia policial que alcanzó 155 incidentes”,
entre otros datos.
Al referirse al impacto de las políticas gubernamentales en los derechos del pueblo
afrocolombiano, sobresale la aprobación de la ley que establece la Jurisdicción
Especial Agraria y Rural, “garantizando jueces especializados en conflictos sobre
tierras, fortaleciendo la seguridad jurídica de los territorios afrocolombianos”.
El estancamiento de los diálogos de Paz
Al concluir los dos primeros años de gobierno, los procesos de paz han llegado a
un punto de estancamiento en las conversaciones y negociaciones con distintos
grupos armados, mientras que, se abren nuevos escenarios de diálogo con gran
incertidumbre sobre sus posibles logros.
Ahora bien, según las plataformas la falta de un marco jurídico para el
sometimiento de las estructuras criminales sin naturaleza política y la designación
de voceros de paz, así como la resistencia política por parte de distintos actores,
son factores que han dificultado el avance de la estrategia de Paz Total del
Gobierno.
Simultáneamente, se destacan las intenciones del Gobierno de mantener activos
escenarios de negociación, (incluyendo al ELN, la Segunda Marquetalia, el Bloque
Magdalena Medio de las disidencias, el Clan del Golfo, los Pachencas, los
Comuneros del Sur, y procesos urbanos en Medellín, Buenaventura y Quibdó),
pero hacen un llamado sobre “el papel errático de la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz que no ha permitido generar certezas sobre el avance de estos
procesos. Además, varias instancias creadas por la Ley de Paz Total, como las
Regiones de Paz y los Comisionados Regionales, aún no han sido activadas”.
Un aspecto positivo de la implementación del Acuerdo en estos dos años es la
reciente aprobación del Servicio Social para la Paz que permite a los jóvenes
elegir un servicio social remunerado en lugar del servicio militar obligatorio.
Con este diagnóstico, una de las principales solicitudes de las plataformas al
Gobierno Nacional es la de reestructurar la política de Paz Total a partir de “un
Acuerdo Nacional para que la paz sea una política de Estado, derecho y deber
ciudadano”.
De otro lado, también llaman la atención sobre el cambio que urge en las regiones
en las que no se ha consolidado la política de Paz Total del Gobierno. Por el
contrario, “se vive un recrudecimiento de la violencia, impulsado por el
fortalecimiento de grupos armados, especialmente paramilitares, como el Clan del
Golfo, el cual en regiones como el Caribe ha pasado de tener presencia en seis
municipios montemarianos a controlar 16, ejerciendo una gobernanza armada que
pone en riesgo a casi 350.000 habitantes#.
El Cauca, por ejemplo, se ha convertido en una de las regiones más violentas del
país, “con 25 defensores de Derechos Humanos asesinados en 2023, y 21 líderes
sociales y 8 firmantes de paz asesinados entre enero y agosto de 2024. La
población indígena ha sido la más afectada por esta ola de violencia”.
La dificultad del Congreso para avanzar en Derechos humanos
En el ítem del balance legislativo, se reconoce que se tramitaron 747 proyectos de
ley entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República. A pesar de
ello, “solo el 7,36 % de estas iniciativas fueron aprobadas”. En lo que respecta a
Derechos Humanos se pueden mencionar proyectos clave como la Ley Estatutaria
de Educación, la prohibición del fracking, la reforma laboral y la Ley de Víctimas,
los cuales “fueron hundidos frenando significativamente el avance de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Es más, solo seis de las leyes aprobadas tienen un impacto directo en la
protección de los Derechos Humanos, entre ellas la reforma pensional, la ley de
matrícula cero en la educación superior y la ley de pasivos ambientales.
Balance del poder judicial
Al adentrarnos brevemente en las estrategias obstaculizantes a las iniciativas del
gobierno, las altas cortes juegan un papel importante puesto que, el poder judicial
evidencia “una actitud cada vez más politizada en pro de los intereses de los más
privilegiados y de los sectores dominantes, con la cual las Cortes vienen
abandonando el rol de garantes de derechos de la mayoría y de la dignificación de
los sectores excluidos y vulnerados, y priorizado una recortada e interesada visión
de la democracia”.
En su opinión, la intención de, aparentemente, apoyar las decisiones de la
Procuraduría, la Corte Constitucional (CC) “no dudó en avalar la reforma al Código
Disciplinario propuesta por la procuradora Cabello para mantener sus facultades
de sancionar con destitución e inhabilitación a dichos funcionarios, vulnerando
fallos internacionales de la Corte Interamericana de DDHH, que por mandato
constitucional son de obligatorio cumplimiento”.
De otro lado, el Consejo de Estado suspendió la Directiva 08 de 2022 del
Presidente que buscaba eliminar la práctica tradicional de entidades públicas de
celebrar múltiples contratos de prestación de servicios con una misma persona,
“mediante la cual los politiqueros extraen a través de intermediarios porciones
significativas del presupuesto, propiciando corrupción, ineficiencia y deterioro de
los servicios del Estado, y concentración de las oportunidades de empleo en un
número reducido de contratistas, perjudicando la democratización en el acceso a
amplios sectores y concentrando esta práctica en habituales defraudadores
sistemáticos de los bienes públicos (El Espectador, 2023, 23 de febrero)”
Recomendaciones
Al Gobierno Nacional le sugieren una reestructuración de la Política de Paz total.
“El Gobierno Nacional debe insistir y orientar esfuerzos para lograr un Acuerdo
Nacional en torno a la paz como Política de Estado, derecho y deber ciudadano”,
así como el armonizar la implementación del Acuerdo Final de Paz con otros
procesos de diálogo,
“en perspectiva
de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo y procurar la justicia económica, social y
ambiental en los territorios”.
También insisten en avanzar de manera efectiva “en una reforma integral del
sector seguridad que garantice el cumplimiento de las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y en la implementación de órdenes judiciales
internacionales relacionadas con actividades de inteligencia y contrainteligencia, y
la inclusión de acciones afirmativas de género”.
Además, recomiendan continuar con la reestructuración del SISBEN, el Sistema
Nacional de Estratificación Socioeconómica y el Sistema Nacional de
Transferencias, “avanzando hacia la disminución de las brechas socioeconómicas
y de la desigualdad, mejorando el uso, eficacia y transparencia de los recursos
públicos”.
Entre otros consejos, está el continuar con la reactivación del Proceso Nacional de
Garantías, “garantizando las condiciones para su permanencia en el tiempo, la
efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, y el funcionamiento y presencia de
todas las entidades del Gobierno y del Estado, estableciendo rutas de acción
interna y articulación interinstitucional”.
Piden fortalecer la Defensoría Delegada para Orientación y Asesoría de las
Víctimas del Conflicto Armado Interno y la Defensoría Delegada para Derechos de
la Población en Movilidad Humana. “Este fortalecimiento debe priorizar el acceso a
la justicia, la reparación integral y la protección de los derechos humanos en el
marco de la movilidad humana, tanto a nivel regional como nacional”.
A la Procuraduría le solicitan desarrollar efectivamente sus funciones preventivas y
disciplinarias sobre las personas que ejercen la función pública “señalados de
tener relacionamientos con organizaciones criminales, en especial grupos
paramilitares, en el marco de la política de desmantelamiento”.
A la Fiscalía le piden “rediseñar de manera integral las estrategias de investigación
sobre crímenes contra personas defensoras de Derechos Humanos y liderazgos
sociales”, ello con el fin de que se adelanten de forma idónea, integral, con
celeridad y eficaz, identificando responsables más allá de la ejecución material e
indagando determinadores, coautores, cómplices y beneficiarios de orden político
y financiero.
También pensar en
crear estrategias
para atender e investigar violencias basadas en género de manera participativa e
integral, fortalecer el Sistema de Alertas
Tempranas para la Reacción Rápida, asegurando una identificación oportuna de
los riesgos sobre la población civil y ampliar y fortalecer el acompañamiento a las
víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, garantizando sus
derechos en instancias administrativas y judiciales.
Piden tramitar sin dilaciones la reforma del sistema de salud y la reforma laboral,
así como aprobar un marco normativo de sujeción o sometimiento para la
desmovilización de organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
Consecuentemente, las Plataformas explican que este Informe sobre el segundo
año de gobierno, parte de la constatación del potente giro de las propuestas
políticas de protección y defensa de los Derechos Humanos que ha impulsado el
gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero también muestra lo
contradictorio de la dramática situación de estos derechos en el país durante los
últimos dos años.
CONOZCA EL RESUMEN DE EJECUTIVO DEL INFORME EN:
https://informesderechoshumanos.com/wp-content/uploads/2024/10/RESUMENEJECUTIVO-EL-CAMINO-DEL-CAMBIO-1.pdf
CONOZCA EL INFORME COMPLETO EN:
https://informesderechoshumanos.com/wp-content/uploads/2024/10/El-camino-delcambio-web.pdf