La Concejal Rocío Dussán Pérez se suma a la iniciativa de la Bancada de la Diversidad y de Géneros

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Esta apuesta busca sentar un precedente frente a la administración sobre los derechos de las y los estudiantes LGBTIQ+.

Ante las recientes declaraciones de la Secretaria de Educación, Isabel Segovia, en las que manifiesta que el documento “Estrategias pedagógicas diseñadas para la inclusión e implementación del enfoque de la política pública LGBTI de Bogotá” no representa la postura de la administración, diferentes concejales, entre ellos la cabildante Rocío Dussán Pérez de la bancada del Polo Democrático Alternativo, han firmado la Carta Pública por el Derecho a la Educación Inclusiva. A través de esta carta, se solicita a la Administración que respete la Política Pública y las herramientas con las que ya cuenta el Distrito:

• Acuerdo 371 de 2009, “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas -LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital yse dictan otras disposiciones”

• Decreto 062 de 2014, “Por el cual se adopta la política Pública para la garantía plena de derechos de las personas Lesbianas, gay, bisexuales, trasgeneristas e intersexuales LGBTI- identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito Capital”.

• CONPES 16 de 2021, “Actualización del Plan de Acción de al “Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBTI y Sobre Identidades de Género y Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital 2021-2032”.

Así como la sentencia T-261 de 2024 de la Corte Constitucional, que protege los derechos a vivir una vida libre de violencia en el entorno educativo, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género de las personas de la comunidad LGBTI.

“Necesitamos ofrecerle al futuro de la ciudad escuelas libres de discriminación por orientación sexual o identidad de género”, manifestó la Concejal, reiterando su compromiso en el ejercicio de control político para la garantía de los derechos.